“Si hablamos del pasado, el balance de la Ley sería un quiero y no puedo, pero como tenemos que ser positivos, diría que estamos por buen camino”. Así comienza este conversatorio moderado por José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, con unas palabras de Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que pretenden dar fuerza en esta lucha, porque “el SAAD necesitaba un empujón de credibilidad y estamos en la fase de reinicio del sistema y hay que sostenerlo”. 

 

Con mucha crudeza resume también Cabra de Luna lo ocurrido con la Ley de Autonomía Personal en los últimos años: “Lo que se ha hecho ha sido esperar a que los peticionarios se mueran para darlos de baja”. Hasta hace poco, afirma, la intención era hacer una serie de cosas sin aportar apenas dinero y luego se ha complicado la gestión con la intervención de las comunidades autónomas y del Estado, “que ha sido un poco rácano”. Ahora, la situación es más favorable y asegura que “teniendo dinero, voluntad política y contratando más profesionales, podemos remontar”.

 

 

A juicio de este experto, la plenitud de la Ley de Autonomía Personal es llegar a la media europea y eso supone un millón y medio de beneficiarios, es decir 500.000 más de los actuales. Explica, además, que para lograrlo es necesario tener en cuenta cuatro claves: Centrarnos en la persona; potenciar la autonomía personal; la asistencia personal y las nuevas tecnologías. 

 

Antonio Jiménez Lara, sociólogo experto en políticas sociales, amplía la información sobre el actual estado de la prestación asegurando que en nuestro país hay 229.500 personas con el derecho reconocido, pero a la espera de la prestación. Esta situación se reparte muy desigualmente en el territorio, ya que el 80 % de estas personas pertenecen a las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco. Pero si nos ceñimos a las cifras en términos relativos, el ranking lo encabeza Cataluña, donde el 32 por ciento de las personas con el derecho reconocido no están recibiendo todavía ninguna prestación; en segundo lugar, está La Rioja, con un 29 por ciento de personas en espera y Canarias, con un 24, seguida de cerca por Andalucía. Por otro lado, Castilla y León y Castilla-La Mancha son ejemplo de lo contrario. 

 

En definitiva, explica Jiménez Lara, el 17 % de todas las personas con el derecho a una prestación reconocido, todavía no la están recibido, además, actualmente hay 124.000 personas a la espera de ser valoradas y a fecha 31 diciembre 2020, el tiempo de espera medio desde la solicitud de valoración hasta la resolución es de unos 430 días. Por lo tanto, según este experto, “una de las cuestiones más urgentes es intentar dar respuesta a estas personas, agilizar trámites y simplificar y unificar procedimientos”.

 

 

Paulo Fontán, presidente de la Comisión de Autonomía Personal del CERMI, se remonta al pasado para explicar la actual situación: “En su momento un montón de expertos ya advertían de que para que el derecho subjetivo fuera realidad se tenía que hacer una regulación jurídica a través de la acción protectora de la seguridad social y no mediante financiación directa de impuestos generales”. Incluso en 2004, en el libro blanco elaborado por el propio gobierno se respaldaba este posicionamiento, “pero no se hizo así finalmente y ha dependido de la voluntad política el poner fondos en esta cuestión y ha resultado un derecho subjetivo relativo”.

 

El copago y los tiempos de espera han diluido este derecho y los servicios de promoción de la autonomía personal siguen siendo claramente insuficientes, asegura Fontán, que finaliza su intervención afirmando que “la prestación económica de asistencia personal es fundamental, pero ha sido una de las que menos se ha promocionado y en muy pocas comunidades autónomas existe una regulación específica, en muchas de ellas además es diferente incluso contradictoria, por lo tanto, se han perdido 15 años”.  

 

Manoli Muro, presidenta de Aspace, explica que en el caso de la parálisis cerebral la preocupación fundamental es la atención temprana y muestra gran malestar por las diferencias entre las comunidades autónomas, “deberíamos luchar por una normativa de igualdad, que todos vayan en la misma línea”. Además, reclama que se respeten los servicios que ya se prestaban antes de la Ley de Autonomía y no se aproveche esta prestación para suprimir otras.

 

Cristina Gómez, presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, denuncia que en la prestación de servicios “se sigue pensando en el modelo institucionalizado” incluso entre las propias familias, que a menudo siguen esa inercia: “La transformación cuesta y costará, porque además de un modelo de vivienda en el entorno, tiene que haber unos servicios complementarios”. Reivindica, a su vez, que esta ley vino también a dar respuesta al problema de las cuidadoras no profesionales, de las familias, especialmente las madres, las mujeres, y eso no ha quedado resuelto en absoluto. Afirma, además, que “la figura del asistente personal parece que es lo último en implementarse, pero la pandemia ha venido a acelerar ese proceso, sobre todo si hablamos de las personas con discapacidad jóvenes”. 

 

El reconocimiento y la regulación de esta prestación es precisamente la lucha que lidera Fran Sardón, presidente de Predif, quien afirma que “sigue siendo la última en regularse hoy por hoy, precisamente cuando hablamos abiertamente de iniciar un proceso de desinstitucionalización de las personas, pero se siguen promoviendo los modelos institucionalizados en el sistema de dependencia”. En toda España, no llegan a 8.000 las personas que reciben la prestación de asistencia personal, ni una sola en algunas comunidades autónomas.

 

La Ley de Autonomía Personal “nació con muy buena voluntad”, explica Sardón, sobre todo porque “veníamos de un mundo de servicios sociales en el que no podías exigir un apoyo en función de tu discapacidad y eso fue un salto cualitativo”, sin embargo, denuncia, “en muchas comunidades autónomas sigue habiendo un gran desconocimiento sobre las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo en el aspecto de los apoyos”. 

 

 

Antonio Jiménez Lara relata su experiencia en los preparativos de la Ley de Autonomía Personal, en esos “comienzos difíciles”, con “graves dificultades y tensiones” que se calmaron cuando se logró arrancar, y entonces la ley “tuvo un desarrollo bastante aceptable hasta que llegaron los recortes en el año 2012, aproximadamente, y después vivimos una etapa casi de desmantelamiento que por fortuna se ha podido revertir entre 2016 y 2019, hasta que vino la pandemia y la cosa se volvió a complicar”. “Ahora hay algunas luces, pero tenemos que estar muy vigilantes”, apunta este experto, y enuncia: “el plan de choque de dependencia y el plan de choque para el desarrollo de la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, incluido como componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

 

Afirma que estos planes “sí apuntan a objetivos de los hablados aquí: transitar hacia un modelo menos institucionalizado en el que prime la atención centrada en la persona, basado en servicios comunitarios y atención domiciliaria, incorporando tecnología, innovando, algo que tiene que hacerse paralelamente modernizando los servicios sociales y mejorando la política de garantía de rentas”. 

 

Miguel Ángel Cabra de Luna anima a aprovechar el “círculo virtuoso de la dependencia” y explica que, “si hemos progresado en la discapacidad es porque hemos tenido un enfoque económico de la discapacidad, además de la justicia social, vaya por delante la justicia social”. Entonces, afirma, “según la media Europa, tenemos que duplicar el número de trabajadores actual; hay datos que establecen que por cada millón adicional gastado o invertido en dependencia se crean 50 empleos; segundo: la tasa de actividad de la mujer en España es bajísima, el 54 %, necesitamos llegar al 70 %, pero si no hay cualificación y posibilidades, si tienen que estar atendiendo a los mayores o a las personas con discapacidad... no acabaremos con el paro estructural en España sin actuar en la dependencia y en otros servicios de bienestar, para ello es necesario que se paguen los impuestos, no hace falta pagar más, que lo paguen todos, tenemos un recorrido del 7% de PIB en elusión, en fraude, economía sumergida y otras figuras rayando la ilegalidad”. Sentencia asegurando que “somos parte de la solución, no somos el problema”. 

 

 

La clave está en mantener un esfuerzo continuado teniendo muy claro el objetivo al que se quiere llegar y evitando aprovechar cualquier coyuntura para recortar gastos y “el camino está bien trazado ahora mismo y falta la voluntad política real”, afirma Antonio Jiménez Lara. Añade que “se trata de simplificar los trámites o conseguir mayor agilidad, dedicar más recursos, hay que hacer un esfuerzo económico importante, esto no es barato, pero es muy rentable en términos de cohesión social, de calidad de vida de las personas y en términos de activación económica”. 

 

Cristina Gómez afirma que además de voluntad política sería necesario mucha pedagogía social, “porque fuera de nuestro entorno, la sociedad no está suficientemente informada de lo que es el sistema de la dependencia, lo ve como un gasto, no una inversión”. Por su parte, Manoli Muro denuncia la dificultad de trasladar las reclamaciones a los responsables políticos.

 

Según Fran Sardón, “la ley tiene que ir recogiendo a nivel normativo todos los postulados y criterios de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, pero también las administraciones públicas y muchos profesionales del ámbito de lo social tienen que entender que hay que dejar de tutelar a las personas con discapacidad, que deben tener libertad y capacidad de decisión a la hora de elegir la prestación que se adecúa a sus necesidades y entender que las mismas pueden ser cambiantes, necesitamos por eso un catálogo flexible; compatibilidad de las prestaciones; modelos centrados en la persona y eliminar numerosos trámites burocráticos”. 

 

Precisamente, gracias a la reforma del código civil y otras leyes, se puede favorecer esa autonomía de la voluntad de las personas, asegura Cabra de Luna: “Las personas con discapacidad van a decidir, tienen que ser ellos con los apoyos suficientes los que decidan, pero no va a ser fácil, y lo digo con conocimiento de causa, nos ha llevado 14 años sacar esa Ley, pero ahora tenemos que aplicarla en todas las normativas colaterales”. Finalmente, y partiendo de su amplia experiencia como alto funcionario asegura que “vamos a adjudicaciones de servicios por criterios técnicos y no solo por criterios económicos, el concepto de criterio económico puro y duro ya desapareció en las últimas directivas de contratación de la UE; y en cuanto a la simplificación de la gestión, los procedimientos farragosos son una defensa de las administraciones públicas para recortar gastos, y lo digo con conocimiento de causa, no son complejos por casualidad... es lo que ha pasado con el IMV pero eso nunca lo va a reconocer la Administración”. 

 

Invita por último a no bajar la presión, pero al mismo tiempo “demos gracias; a dios rogando y con el mazo dando”. Y recuerda que entre las personas con discapacidad y las personas mayores suman unos 12 millones de votos “y eso es lo que hay que poner en valor, ¡ya está bien!”.